La implementación de la Ley Uber vuelve a tener obstáculos luego de que la Contraloría General de la República rechazara el reglamento impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para flexibilizar requisitos aplicables a taxis y automóviles de plataformas.
En definitiva, el organismo concluyó que la propuesta de la cartera del biministro Louis de Grange carecía de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos suficientes para justificar los cambios, además de cuestionar que no se realizara una consulta pública.
La decisión afecta directamente una iniciativa que el mismo de Grange había defendido públicamente desde abril como una fórmula para reducir barreras de entrada, flexibilizar la operación y evitar efectos negativos en el empleo. Sin embargo, la Contraloría determinó que esas razones no quedaron debidamente acreditadas en los antecedentes acompañados por la cartera.
Contraloría cuestiona el corazón de la propuesta para la Ley Uber
Mediante un oficio dirigido al Ministerio de Transportes, el organismo encabezado por Dorothy Pérez informó que no dio curso al Decreto N.º 94 de 2026, que modificaba el Decreto Supremo N.º 212 de 1992 sobre transporte público de pasajeros.
La observación apuntó al contenido central de la propuesta. Según la Contraloría, el reglamento «elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables» a los vehículos destinados a prestar servicios de taxi, incluyendo la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima para la primera inscripción y la cilindrada mínima exigida.
El organismo sostuvo que esas modificaciones fueron presentadas sin antecedentes fácticos, técnicos y jurídicos que justificaran su adopción, ni explicaciones respecto de por qué no fueron sometidas a consulta pública.
La resolución fue más allá de una observación formal. En su análisis, la Contraloría afirmó que los cambios impulsados por Transportes «rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe», por lo que exigió que una decisión de ese tipo estuviera respaldada por fundamentos debidamente acreditados.
El oficio también recordó que los actos administrativos deben sustentarse en razones objetivas y suficientes para evitar decisiones arbitrarias o actuaciones que eventualmente puedan ser consideradas una desviación de poder.
Un golpe a una iniciativa defendida por el biministro
Entre los cambios propuestos por el ministerio figuraba aumentar de uno a cinco años la antigüedad permitida para la primera inscripción de un vehículo; elevar de tres a cinco años el límite para el reemplazo de automóviles, con una excepción de siete años para zonas extremas; y extender la antigüedad máxima de operación desde 12 a 15 años.
La propuesta también eliminaba requisitos de cilindrada y potencia del motor que habían sido establecidos para equiparar exigencias entre taxis y vehículos de empresas de aplicaciones de transporte.
Cuando presentó el nuevo reglamento, de Grange dijo que la versión anterior afectaba negativamente el empleo y aseguró que las flexibilizaciones buscaban compatibilizar la calidad del servicio con una menor carga regulatoria. El rechazo de la Contraloría, sin embargo, deja en entredicho la fundamentación utilizada para respaldar esos cambios.
La decisión vuelve otra vez a retrasar la entrada en vigor de una normativa que acumula años de discusión y sucesivas controversias regulatorias. Tras el dictamen, el biministro deberá corregir las observaciones o presentar nuevos antecedentes si pretende insistir en la propuesta.
