El marco regulatorio para las plataformas de transporte sigue sin aplicarse desde su promulgación en 2023, debido a la falta de un reglamento operativo. Es por eso que el Gobierno ingresó a la Contraloría un nuevo texto para modificar la denominada «Ley Uber» (nombre real: Ley EAT), con cambios en requisitos y condiciones de operación que buscan destrabar su implementación.
Esta propuesta fue elaborada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones e incorpora cambios orientados a reducir restricciones del reglamento original, varios de ellos recogidos tras observaciones de empresas del sector y actores del sistema de transporte.
Cambios en la Ley Uber
El nuevo texto introduce modificaciones en los requisitos para los vehículos. Se establece que podrán tener hasta cinco años de antigüedad al momento de incorporarse a una plataforma, plazo que aumenta a siete años en regiones extremas, mientras que aquellos ya en funcionamiento podrán operar hasta cumplir 15 años.
Asimismo, se eliminan exigencias como la cilindrada mínima y la potencia del motor, consideradas restrictivas en la versión anterior, y se reducen trámites administrativos mediante la supresión de documentos que el Estado puede obtener de forma directa.
El reglamento también flexibiliza la operación del sistema al permitir el reemplazo de vehículos con mayor facilidad y aumentar la frecuencia de publicación de cupos disponibles, que pasará a realizarse cada 10 días. A esto se suma el fin del congelamiento de cupos, mecanismo que limitaba la adaptación de la oferta a la demanda.
Empleos, operación y taxis
Desde el ejecutivo, el ministro de Transportes, Louis de Grange, dijo que los cambios apuntan a evitar efectos negativos en el empleo y mejorar la calidad del servicio, señalando que la regulación anterior generaba impactos relevantes en la actividad del sector.
Las modificaciones incorporan además ajustes al decreto 212, que regula a los taxis, permitiendo que los colectivos amplíen su capacidad de transporte desde cuatro hasta ocho pasajeros.
El rediseño del reglamento consideró observaciones de la industria y el peso del sector en el mercado laboral. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), las plataformas de transporte generaron más de 125 mil empleos formales en 2025.
El documento quedó ahora en manos de la Contraloría, organismo encargado de revisar su legalidad antes de una eventual entrada en vigencia, mientras el ministerio avanza en el desarrollo de la plataforma tecnológica necesaria para implementar el sistema.
