Si eres de los que usaron ChatGPT para consultar dudas personales o pedir orientación legal, podrías enfrentar consecuencias inesperadas. Sam Altman, CEO de OpenAI, aclaró recientemente que las conversaciones con el chatbot no están protegidas por confidencialidad legal. En caso de una citación judicial, la empresa estaría obligada a entregar esos registros.
Durante una entrevista en el podcast This Past Weekend, Altman explicó que, a diferencia de las charlas con abogados, terapeutas o médicos, las interacciones con ChatGPT no cuentan con privilegios legales. Esto significa que cualquier información compartida podría utilizarse como prueba en procesos legales. El directivo lamentó esta situación y afirmó que aún no existe un marco normativo para proteger este tipo de intercambios.
Sin protección legal y con datos almacenados
Altman también dijo que OpenAI conserva registros de los chats, incluso los eliminados, en medio de una disputa legal con The New York Times. Esto incrementa las preocupaciones sobre el uso de los datos en litigios. Si bien los usuarios de ChatGPT Enterprise están exentos de esta recolección, el resto de las personas que usan la plataforma no cuentan con garantías similares.
La abogada Jessee Bundy advirtió que solicitar consejos legales a ChatGPT puede ser un error costoso. Según explicó, al copiar contratos o pedir estrategias, los usuarios no están recibiendo asesoría jurídica, sino generando evidencia potencialmente perjudicial. Aclaró que la asesoría legal proviene de profesionales autorizados que conocen los detalles específicos del caso y se hacen responsables por su orientación, algo que un modelo de lenguaje no puede ofrecer.
Aunque Altman defendió la necesidad de establecer normas para equiparar el nivel de privacidad de los bots con el de profesionales humanos, también reconoció que, por ahora, es razonable que las personas tengan dudas antes de confiarle temas delicados a la inteligencia artificial.
Las implicancias de esta situación no se limitan a los usuarios individuales. Expertos señalan que gobiernos podrían exigir mayor acceso a estas conversaciones para investigar delitos, lo que plantea riesgos adicionales sobre vigilancia y abuso de poder. Altman admitió que este tipo de medidas ya han ido demasiado lejos en el pasado y expresó preocupación ante una posible sobrerreacción regulatoria.
