A casi dos años de que Google desistiera del proyecto original que tenía para su data center en Cerrillos, la compañía vuelve al ataque y pone sobre la mesa la posibilidad de construir este edificio en la misma comuna. Para ello, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta para determinar si el proyecto debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Esto alertó a organizaciones medioambientales como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), quienes cuestionaron que la iniciativa sea considerada ‘nueva’ y solicitaron que sea evaluada ambientalmente antes de su ejecución.
El proyecto es levantado por la empresa Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google en Chile, y contempla una inversión de 200 millones de dólares en un terreno de aproximadamente 23 hectáreas ubicado en Camino a Lonquén. La presentación de la consulta fue reportada inicialmente por Radio Bío-Bío, medio al que Google confirmó el ingreso de la denominada «Carta de Pertinencia», aunque aclaró que todavía no decidió concretar el centro de datos.
Esta consulta fue ingresada el pasado 17 de junio de 2026. Y, a través de este procedimiento, el titular solicita al SEA determinar si la iniciativa está obligada a ingresar al SEIA; no corresponde, por sí misma, a una evaluación ambiental.
El antecedente del proyecto anterior en Cerrillos
La controversia está vinculada con el proyecto que Google evaluó desde 2019 y que obtuvo aprobación ambiental en 2020. Esa iniciativa contemplaba un sistema de refrigeración que podía extraer hasta 169 litros de agua por segundo del Acuífero Santiago Central.
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la autorización porque consideró que la evaluación no contaba con antecedentes suficientes para descartar impactos significativos sobre el acuífero. Además, ordenó retrotraer el procedimiento para incorporar, entre otros aspectos, los efectos del cambio climático.
El proyecto no podía ejecutarse mientras se cumplían esas medidas. Meses después, Google renunció a la autorización y comunicó que evaluaría una nueva iniciativa en el mismo emplazamiento.
La principal modificación anunciada por la compañía fue el sistema de refrigeración: el proyecto actual utilizaría enfriamiento por aire en lugar de extracción de agua subterránea. Google sostiene que ese cambio forma parte de un rediseño completo de la iniciativa.
OLCA y MOSACAT dicen que la nueva propuesta conserva elementos relevantes del proyecto anterior. Entre ellos mencionan el terreno, el monto de inversión, la finalidad de almacenamiento de datos, la conexión con la subestación Chena y la referencia a Pucará de Chena para la subestación interior.
Las organizaciones cuestionan por ello que Dataluna haya identificado la iniciativa ante el SEA como un «proyecto nuevo» y plantean que debe considerarse la historia de la evaluación ambiental anterior.
La presentación también apunta a aspectos técnicos de la nueva propuesta. El proyecto contempla 44 grupos electrógenos, con una potencia instalada conjunta de 120,25 megavatios. Dataluna dice que estos equipos se utilizarán en emergencias y labores de mantenimiento, mientras que OLCA y MOSACAT solicitaron al SEA revisar si sus características configuran una causal de ingreso al SEIA.
Otro punto cuestionado corresponde a las 63 unidades de refrigeración. Según las organizaciones medioambientales, la empresa informó que funcionarán mediante condensación por aire, pero no entregó antecedentes suficientes sobre el tipo de refrigerante, su peligrosidad y la cantidad total que utilizará.
También pidieron revisar el trazado de la conexión eléctrica con la subestación Chena, ubicada en San Bernardo, y los posibles efectos sobre tres humedales identificados por el SEA a una distancia de entre 1,95 y 3,94 kilómetros del terreno.
Las solicitudes de OLCA y MOSACAT al SEA
La discusión ocurre después de un cambio en el Reglamento del SEIA. El Decreto Supremo N.º 17/2025 elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que activa una causal de ingreso al sistema.
La consulta de Dataluna declara una capacidad de almacenamiento de 695,9 toneladas y una línea eléctrica de 110 kilovoltios y 400 metros, parámetros que quedan bajo los nuevos umbrales establecidos para esas causales.
OLCA y MOSACAT mencionan que ello no descarta otras razones para que el proyecto sea sometido a evaluación. Entre sus argumentos también incluyen las emisiones de los generadores, los refrigerantes, el consumo energético, los posibles efectos sobre humedales y los impactos acumulativos derivados de su emplazamiento.
El director de OLCA, Lucio Cuenca, dijo que Google intenta presentar como nuevo un proyecto que, a juicio de la organización, mantiene características sustanciales de la iniciativa evaluada desde 2019. La organización pidió que el SEA determine su ingreso al SEIA mediante un Estudio de Impacto Ambiental y que se consideren sus efectos acumulativos y sinérgicos.
Rodrigo Cavieres, integrante y uno de los fundadores de MOSACAT, cuestionó además que un proyecto de estas características pueda quedar fuera del sistema de evaluación, argumentando que ello limitaría el acceso de la sociedad civil a información y participación ambiental.
En concreto, OLCA y MOSACAT solicitaron al SEA incorporar sus antecedentes al expediente, requerir información adicional a Dataluna y revisar las distintas causales de ingreso al SEIA. También pidieron considerar los antecedentes de la RCA N.º 127/2020, la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental y la resolución que aceptó la renuncia de Google a la autorización anterior.
El SEA deberá determinar si el data center está obligado a ingresar al sistema de evaluación ambiental.
