Cerca de 48.000 empleados de Samsung Electronics en Corea del Sur, equivalentes al 38 % de la plantilla local de la compañía, avanzan hacia una huelga de 18 días por un conflicto que lleva meses escalando y que dejó en evidencia una disputa cada vez más profunda sobre sueldos, bonos y condiciones de compensación dentro de la principal empresa tecnológica del país.
El núcleo de la pelea está en el sistema de bonos. El sindicato exige que Samsung elimine el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50 % del salario anual, y reclama que la empresa destine el 15 % de sus ganancias operativas al pago de bonificaciones para los trabajadores. La tensión creció especialmente después de que empleados compararan sus compensaciones con las de SK Hynix, rival directo de Samsung en el mercado de memorias para inteligencia artificial.
Los bonos que llevaron a la huelga en Samsung
Los sindicatos sostienen que los trabajadores de SK Hynix recibieron bonos más de tres veces superiores el año pasado, pese a que Samsung también registró un fuerte aumento en sus resultados financieros impulsado por el negocio de memorias. Solo en el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ganancias operativas por 57,2 billones de wones.
La discusión también incluye a cómo se distribuyen dentro del negocio de chips. Los representantes sindicales propusieron que el 70 % del fondo de incentivos se reparta de forma equitativa entre todas las divisiones de semiconductores y que el 30 % restante dependa del rendimiento de cada unidad.
Samsung rechazó esa fórmula porque incluiría áreas con pérdidas, como Foundry y System LSI, donde trabajan muchos miembros del sindicato. La empresa defendió un modelo más ligado al desempeño de cada división y argumentó que modificarlo afectaría sus principios históricos de compensación basada en resultados.
Las negociaciones no han sido fáciles
Durante los últimos días, las conversaciones mediadas por la Comisión Nacional de Relaciones Laborales terminaron sin acuerdo este miércoles, aunque el sindicato aseguró que sí había aceptado la propuesta final presentada por el organismo estatal. Según los dirigentes sindicales, Samsung se negó a ceder en el último punto pendiente vinculado precisamente a la distribución de los bonos.
Pese al fracaso inicial de la mediación, ambas partes retomaron las conversaciones horas más tarde con la participación directa del ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, en un intento de evitar la paralización (prevista para el jueves). El sindicato, sin embargo, mantuvo el plan de iniciar la huelga mientras continúan las negociaciones.
El líder sindical Choi Seung-ho afirmó que los trabajadores seguirán buscando un acuerdo incluso durante la huelga. Tras la fallida mediación, pidió disculpas públicamente «por no poder producir un buen resultado pese a hacer tantas concesiones posibles».
El Gobierno y las empresas siguen con preocupación
La amenaza de huelga encendió alertas en el gobierno surcoreano y en la industria global de semiconductores. Samsung es el mayor fabricante mundial de memorias DRAM y gran parte de los empleados que planean sumarse a la paralización trabajan en instalaciones importantísimas para la producción de chips.
El Banco de Corea estimó que una huelga general en Samsung podría reducir en 0,5 puntos porcentuales el crecimiento económico del país este año. Autoridades surcoreanas también advirtieron sobre posibles efectos en las cadenas globales de suministro y en los precios de las memorias, en medio del aumento de demanda por chips vinculados a inteligencia artificial.
Ante el riesgo de interrupciones, Samsung activó medidas de contingencia en sus plantas y obtuvo una orden judicial parcial para mantener personal mínimo en operaciones críticas. La empresa informó que al menos 7.087 trabajadores deberán continuar en funciones relacionadas con seguridad y prevención de daños durante el periodo de huelga.
El gobierno incluso evaluó aplicar un mecanismo de arbitraje de emergencia que podría suspender temporalmente la huelga y obligar a ambas partes a retomar negociaciones supervisadas por el Estado. Sin embargo, funcionarios laborales señalaron que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo mediante diálogo directo.
