Esto es único en su clase. Una empresa desarrolladora de tecnologías e infraestructura de telecomunicaciones china, demandó a un país. Y no cualquiera, sino a Estados Unidos.
Huawei es quien está detrás de este espectáculo. Hoy se ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos, que impugna la constitucionalidad de la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019.
¿Cuál es la idea? Buscar un fallo declaratorio sobre las restricciones dirigidas a Huawei y decir que estas son inconstitucionales, sumado a una medida cautelar permanente contra estas restricciones.
Esto nace en base a las acusaciones del país norteamericano contra la gigante china por espionaje. Además de prohibir localmente la compra de productos y servicios de esta compañía, sumado a la restricción de trabajar con terceros que fuesen clientes de ellos.
Recordemos que desde hace más de un año, esta guerra comercial entre Huawei y el gobierno estadounidense se transparentó, cuando en su momento se prohibió la presentación y venta de teléfonos chinos a través de operadores locales.
Nosotros te lo contamos, en esa oportunidad a través de un capítulo de OhMyGeek! Express.
La demanda de Huawei
Obviando los problemas que tiene en Canadá o -espionaje- en Polonia, Huawei está concentrando sus esfuerzos en lo que importa: vender productos y servicios en un gran mercado como Estados Unidos.
La empresa dice que el Congreso de Estados Unidos ha fallado repetidamente en presentar pruebas que respalden sus restricciones impuestas a los productos de Huawei. Afirmando que esta es una acción ilegal y que bloquea a Huawei de participar en la competencia justa, dañando a los consumidores estadounidenses.
Esta demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Plano, Texas. Según la reclamación, la sección 889 de la NDAA de 2019 no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de EE.UU. comprar equipos y servicios de Huawei, sino que también les impide contratar o otorgar subvenciones o préstamos a los clientes de Huawei, sin ningún proceso ejecutivo o judicial.
Esto -para Huawei- violaría las cláusulas relativas al escrito de proscripción y confiscación y al debido proceso, además de pisotear los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de Estados Unidos, porque el Congreso, al tiempo de legislar, trata de juzgar y ejecutar la ley.
