Una nueva polémica se instaló esta semana en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. En esta oportunidad, la ministra Ximena Lincolao le ha tocado enfrentarse a múltiples cuestionamientos de exautoridades, universidades y organizaciones científicas por los cambios que hizo al Fondecyt de Postdoctorado 2027.
Las críticas apuntan a la pérdida de diversidad disciplinaria, el peso de las prioridades temáticas en la selección de proyectos y el riesgo de reducir la capacidad de Chile para atraer y formar investigadores.
Estas nuevas bases incorporan como áreas prioritarias, entre otras, minería y recursos estratégicos, acuicultura, cambio climático, energía y sustentabilidad, inteligencia artificial, tecnologías de frontera, espacio, seguridad pública y futuro del trabajo. Además, los investigadores extranjeros deben contar con residencia definitiva en Chile al momento de postular.
La decisión provocó reparos desde distintos sectores del ecosistema científico. Cerca de 30 sociedades científicas cuestionaron formalmente que las áreas prioritarias se hayan convertido en un criterio de elegibilidad y plantearon que la modificación altera la competencia abierta entre disciplinas que caracterizó históricamente al Fondecyt de Postdoctorado.
Cuestionamiento al nuevo criterio de selección del Fondecyt
La exministra de Ciencia Aisén Etcheverry cuestionó que se utilice Fondecyt para establecer prioridades temáticas. A su juicio, el instrumento se construyó sobre dos principios: financiar todas las áreas del conocimiento y asignar recursos de acuerdo con la excelencia académica.
Etcheverry aclaró que no se opone a que Chile defina prioridades estratégicas. Su reparo está en cómo se establecen esas prioridades y quién participa en esa definición. Dijo que no deberían determinarse desde el ministerio sin una construcción colectiva con el sistema científico y académico.
La exministra también cuestionó el argumento de Lincolao sobre el bajo porcentaje de recursos destinado históricamente a áreas como minería y acuicultura. Según Etcheverry, Fondecyt es solo uno de los instrumentos disponibles y el desarrollo de sectores estratégicos depende también de investigaciones en disciplinas fundamentales como matemática, física, química, geología y computación.
Una crítica similar surgió desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su decano, Nicolás Guiliani, comentó que la comunidad científica no está en contra de que el Estado defina campos estratégicos, pero sí cuestiona que esa orientación se haga reduciendo el alcance de un instrumento transversal.
El Consejo de la Facultad planteó que el sistema ya dispone de mecanismos específicos para financiar prioridades nacionales y que trasladar esa lógica al Fondecyt puede terminar duplicando funciones. En una declaración pública del Consejo, este dice que: «el problema no es cómo repartir un fondo insuficiente, sino que el fondo es insuficiente».
El organismo también cuestionó la preocupación oficial por la inserción laboral de los doctores como argumento para restringir las áreas del concurso. Su planteamiento es que acotar disciplinas no crea nuevos puestos de trabajo, sino que redistribuye los cupos disponibles.
Las sociedades científicas que se pronunciaron contra los cambios plantearon una objeción similar. Reconocen que establecer prioridades estratégicas es una herramienta legítima de política pública, pero sostienen que existe una diferencia entre crear instrumentos específicos para esas prioridades y modificar las reglas de concursos destinados a desarrollar capacidades científicas en un espectro amplio.
La declaración fue suscrita por organizaciones vinculadas, entre otras áreas, a microbiología, bioquímica, fisiología, psicología, geología, matemáticas, genética, estadística, neurociencia, arqueología, astronomía, ecología, musicología y biología. Para estas sociedades, la diversidad disciplinaria no es ajena al desarrollo productivo o tecnológico, porque distintas áreas aportan conocimientos y metodologías necesarias para abordar problemas complejos.
El cuestionamiento alcanza también a las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, disciplinas que no aparecen entre las áreas prioritarias. Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, dijo que no veía bien esa exclusión y pidió mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y otras áreas del conocimiento.
«No podemos irnos por un lado y dejar botados los otros. Entonces, tiene que haber un equilibrio», dijo Atton, quien además atribuyó parte de la controversia a un problema en la comunicación de la decisión por parte de Lincolao y expresó su expectativa de que esta sea corregida.
Desde otra perspectiva, Teresa Paneque cuestionó que las nuevas bases no permitan conocer con claridad cómo se definieron las diez áreas prioritarias. La astrónoma sostuvo que la decisión no fue suficientemente justificada y que no estaría claro quiénes participaron en la discusión.
Paneque también puso el foco en la evaluación por pares. Según explicó, las nuevas bases establecen que la evaluación de los proyectos será un componente de la decisión, pero no precisan cuánto pesará ni quién tomará finalmente la determinación sobre las adjudicaciones. A su juicio, eso introduce un factor político relevante en una selección que tradicionalmente se basaba en el mérito científico.
La investigadora también cuestionó la falta de diálogo con las sociedades científicas y planteó que el Ministerio debería discutir las modificaciones con la comunidad académica antes de avanzar.
En paralelo, los senadores universitarios de la Universidad de Chile criticaron los recortes a becas y programas Fondecyt de postdoctorado y pidieron revertir las medidas. En su carta, sostuvieron que las decisiones afectan particularmente a Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y cuestionaron que las justificaciones entregadas por la ministra no incorporen sus efectos sobre investigadores, universidades y producción de conocimiento.
Investigadores extranjeros y la advertencia por el talento científico
El segundo gran foco de críticas está en la nueva condición para investigadores extranjeros. Las sociedades científicas sostienen que exigir residencia definitiva puede reducir la capacidad de Chile para incorporar investigadores de otros países y debilitar la internacionalización del sistema.
Su argumento es que un investigador extranjero que obtiene un Fondecyt de Postdoctorado hace su trabajo en una institución chilena, se integra a equipos locales, forma estudiantes y genera redes de colaboración. Por eso, consideran que excluirlo por su nacionalidad o situación migratoria no necesariamente fortalece las capacidades científicas nacionales.
Las organizaciones plantearon incluso que, si las dificultades están relacionadas con visas, permisos u otros procedimientos necesarios para ejecutar los proyectos, la respuesta debería estar en resolver esos problemas administrativos y no en restringir la participación de investigadores extranjeros.
Para las sociedades, la internacionalización resulta especialmente relevante para un sistema científico del tamaño de Chile, debido a la necesidad de mantener vínculos con redes internacionales, ampliar la masa crítica y acceder a nuevas capacidades. Advirtieron que limitar esa circulación podría afectar la capacidad del país para atraer investigadores.
Paneque llevó esa preocupación un paso más allá y advirtió que podría producirse una fuga de talento chileno hacia el extranjero si investigadores no encuentran oportunidades de financiamiento en Chile. Según explicó, otros sistemas de financiamiento de postdoctorado mantienen convocatorias abiertas internacionalmente y podrían convertirse en una alternativa para quienes desarrollen sus carreras fuera del país.
Lincolao ha defendido las modificaciones señalando que los proyectos continúan siendo evaluados por pares y que el cambio corresponde a la orientación temática de una parte de las adjudicaciones. También sostuvo que el Fondecyt de Postdoctorado representa un 12,4 % del financiamiento total del fondo y que los concursos Fondecyt Regular e Iniciación mantienen sus reglas.
La ministra explicó que las diez áreas prioritarias fueron definidas utilizando datos de postulaciones y adjudicaciones de la última década, además de antecedentes sobre el mercado laboral. Entre las cifras que presentó están una tasa de desempleo de un 9,4 %, más de mil doctores desempleados y un 6,8 % de doctores trabajando en el sector productivo.
Respecto de las Humanidades y Ciencias Sociales, Lincolao sostuvo que no están excluidas de las nuevas bases, ya que pueden participar dentro de algunas de las áreas prioritarias. También enfatizó que la regla permite destinar «hasta un 70 %» de las adjudicaciones a esas áreas, por lo que, según su interpretación, el porcentaje no constituye un límite rígido para las demás disciplinas.
Sobre los investigadores extranjeros, la ministra argumentó que el concurso dispone de 260 cupos anuales y que existen más de mil doctores chilenos sin inserción laboral, además de otros 1.200 que se graduarán durante este año.
La controversia, sin embargo, también adquirió una dimensión institucional. El Consejo de Rectores pidió reconsiderar los cambios y el Instituto de Chile, que reúne a las seis academias nacionales, prepara una instancia para abordar directamente con Lincolao los reparos planteados por el mundo académico.
Las sociedades científicas que cuestionaron las bases pidieron revisar tanto el criterio de áreas prioritarias como las restricciones para investigadores extranjeros y ofrecieron participar en el diseño de las políticas científicas. En su declaración, plantearon que la diversidad disciplinaria y la integración internacional son condiciones centrales para el desarrollo del sistema científico chileno.
Lincolao, en tanto, señaló que continuará con las nuevas bases después de las reuniones sostenidas con el Consejo de Rectores, a la espera de una propuesta que, según indicó, los rectores se comprometieron a presentar.
