La propuesta del Gobierno de Chile para crear un nuevo estado de excepción ha generado dudas porque permitiría restringir libertades en zonas delimitadas del país e incluir la interceptación de telecomunicaciones como herramienta para investigar delitos ligados al crimen organizado y al terrorismo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que la figura se incorporaría mediante una reforma constitucional y podría aplicarse en barrios, villas, polígonos urbanos o zonas rurales donde se declare una grave alteración de la seguridad pública.
Interceptación de telecomunicaciones
La Constitución contempla actualmente cuatro estados de excepción: «Asamblea», «Sitio», «Emergencia» y «Catástrofe». Según Arrau, ninguno fue diseñado específicamente para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, por lo que el Ejecutivo busca sumar una quinta modalidad enfocada en seguridad pública.
Dentro de las facultades planteadas están las restricciones al libre tránsito, los toques de queda y los límites al derecho de reunión. A ellas se agregaría la interceptación de telecomunicaciones dentro de la zona intervenida, una medida que el ministro vinculó con la posibilidad de realizar diligencias e investigaciones con mayor agilidad.
Arrau sostuvo que estas herramientas se aplicarían en áreas acotadas y no de manera general en todo el país. «Puede ser un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur del país o en el altiplano», señaló al describir los territorios que podrían quedar bajo esta figura.
Las explicaciones entregadas por el ministro no detallaron qué tipo de comunicaciones podrían ser interceptadas, bajo qué procedimiento se autorizaría la medida ni cuáles serían sus resguardos operativos. Lo que sí planteó fue que la propuesta busca entregar al Estado nuevas herramientas de persecución, investigación y control de determinados delitos en sectores específicos.
Un nuevo estado de excepción bajo el control del Congreso
El ministro dijo que las operaciones mantendrían a las policías como responsables de la seguridad pública. Carabineros lideraría los operativos y las Fuerzas Armadas podrían colaborar en funciones específicas cuando fuese requerido.
Arrau también afirmó que el nuevo estado de excepción tendría control del Congreso, bajo una lógica similar a la aplicada en las figuras vigentes, aunque insistió en que no se trataría de un estado de emergencia ni de conmoción interna.
La iniciativa es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que contempla proyectos en tramitación y otras propuestas que el Gobierno prevé ingresar al Congreso durante los próximos meses.
