El multimillonario Elon Musk finalizó su paso como ‘empleado especial’ del gobierno estadounidense tras liderar durante 130 días la cuestionada iniciativa «DOGE», el Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsado por Donald Trump. Su salida se produjo en medio de un desplome histórico de ventas de Tesla y fuertes críticas a un nuevo paquete de gasto del Congreso que, según el empresario, contradice el espíritu de ahorro de DOGE.
DOGE, que fue anunciado como un plan para recortar gastos públicos, modernizar sistemas y optimizar agencias federales, acumuló desde su creación despidos masivos, desmantelamiento de programas sociales y controversias legales. Musk defendió su gestión afirmando que el programa habría ahorrado hasta 175 mil millones de dólares, aunque varias fuentes señalaron que los datos de su ‘muro de recibos’ estaban inflados o contenían errores.
DOGE: despidos masivos y oficinas colapsadas
A lo largo de sus cuatro meses al frente de DOGE, Musk aplicó una estrategia que redujo en más de 260.000 puestos el total de trabajadores federales. Algunas agencias quedaron desmanteladas, otras operaban al mínimo, y hubo despidos tan abruptos que en algunos casos jueces federales ordenaron la reincorporación inmediata del personal cesado.
Una de las primeras víctimas fue la oficina 18F, un equipo de tecnología gubernamental que colaboraba con otras agencias para mejorar servicios digitales. Al ingresar DOGE en esta área, varios extrabajadores denunciaron que los nuevos encargados no entendían ni los procesos internos del Estado ni las necesidades reales de los usuarios. Lo mismo ocurrió en el Departamento de Salud, donde se perdieron décadas de conocimiento institucional sin ningún plan claro de reemplazo.
La agencia USAid, hasta entonces líder mundial en ayuda humanitaria, también vio recortadas el 83% de sus operaciones. Programas globales como Pepfar, dedicado a la lucha contra el VIH, se vieron gravemente afectados. Investigadores advirtieron que incluso el lanzamiento de un nuevo tratamiento antirretroviral podría fracasar por la falta de recursos generada por DOGE.
Mientras tanto, el personal de DOGE se infiltró en diversas oficinas federales, accediendo a datos sensibles como registros financieros del Departamento del Tesoro o bases de datos de empleados. Estas operaciones fueron aprobadas por una corte a pesar de los reclamos de 19 fiscales estatales que denunciaron violaciones de privacidad.
El golpe a la imagen de Tesla
La figura de Musk quedó estrechamente ligada a DOGE durante su estadía en el gobierno. Protestas, boicots y vandalismo contra Tesla se multiplicaron en EE. UU. desde que se supo de su implicación directa en la eliminación de programas sociales y recortes masivos. Algunos propietarios intentaron ocultar el logo de la marca en sus autos o se deshicieron de ellos, a pesar de perder dinero por la baja en los precios de reventa.
Entre enero y abril, las ventas de Tesla en Europa cayeron a la mitad, en Quebec bajaron un 87%, y a nivel global las entregas descendieron un 13%. La cotización de sus acciones se desplomó en un 45%, aunque luego recuperó algo de terreno. A pesar de esto, Musk aseguró que dedicará más tiempo a su compañía y se comprometió a liderarla durante al menos cinco años más.
Su salida de DOGE coincidió con críticas al nuevo paquete presupuestario aprobado por la Cámara, el cual elimina créditos fiscales a vehículos eléctricos y a energías limpias. Musk opinó que la iniciativa «socava el trabajo» realizado por DOGE y expresó su decepción por el rumbo del gasto público bajo el actual mandato.
A la par de Musk, abandonaron el programa figuras clave como Steve Davis, su mano derecha, y Katie Miller, exvocera de DOGE. También salió James Burnham, principal asesor legal del organismo. Aun así, gran parte del personal designado por Musk —muchos sin experiencia en el sector público— sigue ocupando cargos en agencias sensibles como la Seguridad Social o la Administración Federal de Aviación.
