A través de un ‘pantallazo’ a un comunicado de prensa que publicó la Subsecretaría del Interior a través de su Twitter, los chilenos se enteraron de una nueva posición -por parte del gobierno- frente al criticado informe de Big Data que fue entregado al Ministerio Público.
En el documento de 112 páginas que mostraba el análisis a cuentas de redes sociales de 5 millones de personas o entidades, se presentaron las conclusiones en base a más de 60 millones de comentarios que se emitieron a partir del estallido social entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre.
Este fue entregado el día jueves 19 de diciembre por parte del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, personalmente al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Después de una semana de contradicciones entre el gobierno, el fiscal e incluso la PDI, respecto a la influencia de extranjeros en los distintos hechos delictuales que han ocurrido desde el estallido social.
¿Quién ordenó el informe de Big Data?
Muchas incógnitas han surgido desde el conocimiento público de esta evaluación de redes sociales. Desde quién ordenó su realización, hasta cuánto dinero se gastó por él. Además del verdadero aporte que tendría observar de forma aleatoria mensajes online que no representan ningún evento que implique delito.
Este nuevo comunicado de la Subsecretaría del Interior se desliga del informe. Indican que no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile. Incluso asegurando que no fue financiado con fondos públicos.
De igual manera, afirman que el análisis fue entregado a la ANI, sin decir por quién, y ellos se lo presentaron a las autoridades del gobierno. Frente a esto, la Subsecretaría del Interior avaló el trabajo indicando que tiene una «metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información».
Entonces, ¿quién ordenó y pagó por esto? ¿Acaso fue gratis por parte de algún ciudadano o empresa? Eso se tendrá que responder a través de un oficio que se enviará al Ministerio del Interior.
El diputado de Convergencia Social, Diego Ibañez, anunció hoy que pedirá explicaciones a esta cartera incluyendo qué ítem presupuestario se imputa este gasto, además de los autores del informe, las fuentes utilizadas e incluso si respeta el derecho a la protección de datos personales.