El lobby de Uber en Chile ha marcado un punto de inflexión en la implementación de la Ley «EAT» (Empresas de Aplicación de Transportes), conocida popularmente como Ley Uber. Esta legislación, promulgada en abril de 2023, busca regular las aplicaciones de transporte en el país, incluyendo a la propia Uber, Cabify y DiDi. Sin embargo, Uber ha manifestado su preocupación por varios aspectos del borrador del reglamento, lo que ha llevado a una intensa campaña de influencia y presión tanto pública como política.
Requisitos del reglamento y propuestas de Uber
La normativa propuesta establece requisitos específicos para los vehículos utilizados en las EAT, como una cilindrada mínima de 1400 cc y una antigüedad máxima de 7 años para su primera adscripción en el registro. La compañía, a través de su campaña «Deja Moverme», argumenta que estos requisitos son excesivos y dejarían fuera a muchos conductores, considerando que la antigüedad promedio del parque automotriz en Chile es de 9.4 años. Por otra parte, sugieren permitir vehículos con motores más pequeños y con hasta 12 años de antigüedad. Incluyendo el disminuir una eventual burocracia en el proceso de inscripción, además de utilizar una interfaz digital en lugar de distintivos físicos en los vehículos.
Lobby de Uber y la postergación de la Ley
La campaña de Uber ha tenido impacto en el ámbito político. Un grupo de diputados de derecha ha propuesto un proyecto para postergar la entrada en vigencia de la Ley EAT hasta al menos 2026. Argumentando que la Ley afectaría a más del 47% de los conductores de aplicaciones, quienes perderían su fuente de ingreso económico. Esta iniciativa se alinea con los esfuerzos de Uber para modificar el reglamento.
Diputada Pérez (Demócratas) y diputado Kaiser (Republicano) ingresan proyecto de ley para atrasar en dos años la puesta en marcha de la Ley Uber, cuyo reglamento debería estar listo en enero de 2024: “Podríamos ver entre 50 y 80 mil personas perder su fuente laboral”. @24HorasTVN pic.twitter.com/41ytWShdnw
— Poirot Escovedo (@poirotes) 12 de diciembre de 2023
Todo esto, sin considerar que no aplicar la Ley o ejecutar una eventual postergación, mantendría sin regular a ninguna de estas aplicaciones. Además, alejaría el control de quienes trabajan en estas, evitando la suplantación de identidad, venta o arriendo de cuentas entre los socios conductores. Incluso no se contaría con un registro por parte de las autoridades de quienes están detrás del volante, sabiendo que la Ley EAT exige que los conductores no pueden haber sido condenados por delitos de connotación sexual ni relacionadas con drogas.
La postergación de la Ley EAT y la influencia del lobby de Uber en Chile plantean cuestiones importantes sobre la regulación del transporte privado en el país. Mientras que, por un lado, se busca mantener el funcionamiento actual del mercado, por otro, se retrasa la implementación de regulaciones destinadas a mejorar la seguridad, la calidad del servicio y la transparencia en el sector. La situación actual refleja el equilibrio delicado entre los intereses comerciales y la necesidad de una regulación efectiva en el ámbito del transporte privado.
