Un grupo de accionistas de Uber demandó al directorio y a altos ejecutivos de la propia empresa, acusándolos de permitir durante años incumplimientos en materia de cumplimiento normativo y seguridad que derivaron en miles de demandas relacionadas con agresiones y acoso sexual contra pasajeros.
Esta acusación también apuntó a presuntas infracciones vinculadas al trato de personas con discapacidad y a prácticas comerciales cuestionadas en uno de los servicios de suscripción de la compañía.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de San Francisco y, según el texto judicial, los directores habrían ignorado advertencias internas y externas sobre problemas persistentes en la empresa, mientras que la búsqueda de crecimiento habría llevado a «recortar exigencias de cumplimiento». Según los demandantes, esta conducta expuso a Uber a riesgos regulatorios y legales significativos.
Una demanda que ataca a la gobernanza y al control interno de Uber
Los accionistas dicen que la empresa de transportes mantiene una cultura de incumplimiento que terminó generando consecuencias legales en distintos frentes. Además de las denuncias relacionadas con conductores acusados de abuso sexual, la presentación menciona dos demandas iniciadas el año pasado por el gobierno de Estados Unidos.
Una de ellas acusó a la compañía de negar de forma habitual el servicio a pasajeros con discapacidad, incluidos usuarios acompañados por animales de asistencia o personas que utilizan sillas de ruedas plegables. La otra cuestionó supuestas prácticas engañosas de facturación y cancelación asociadas al servicio de suscripción Uber One.
Los demandantes describieron a la empresa como un «infractor serial de cumplimiento» y afirmaron que la cobertura negativa recibida durante los últimos años dañó de forma severa su reputación. También señalaron que el directorio fue informado repetidamente de que menos del 40 % de los usuarios considera que la compañía toma la seguridad con la seriedad necesaria.
Según el documento, se busca un juicio con jurado y se solicita que Uber reforme y fortalezca sus procedimientos internos y su estructura de gobierno corporativo. Además, pretende que los directores compensen con dinero a la empresa por presuntas violaciones de deberes fiduciarios y de la legislación de valores, con beneficios destinados a los accionistas. Entre los demandados está el actual CEO, Dara Khosrowshahi.
Uber rechazó las acusaciones. Un portavoz de la compañía dijo que la demanda «ignora hechos importantes» y se basa en relatos engañosos y falsos provenientes de otras acciones legales que, según la empresa, ya fueron abordadas públicamente y ante los tribunales.
