Google acordó pagar 135 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por usuarios de Android que acusaron a la compañía de realizar recolección de datos celulares sin consentimiento, incluso cuando los dispositivos no estaban en uso activo. El acuerdo preliminar, presentado ante un tribunal federal de San José, California, abarcó a personas que utilizaron teléfonos Android desde noviembre de 2017 y puso fin a una batalla legal iniciada por prácticas vinculadas al sistema operativo móvil.
La demanda afirma que Google programó Android para transferir datos a través de redes celulares sin que los usuarios pudieran impedirlo de forma efectiva. Según los demandantes, esas transferencias incluso ocurrieron cuando se cerraban aplicaciones, se desactivaba el uso compartido de ubicación o se bloqueaba la pantalla. El caso adquirió relevancia por el alcance del ecosistema Android y por el volumen económico del acuerdo, que quedó sujeto a la aprobación judicial.
Detalles del acuerdo y la recolección de datos
El convenio estableció un pago total de 135 millones de dólares, con compensaciones individuales limitadas a un máximo de $100 USD por persona. Los abogados de los demandantes indicaron en documentos judiciales que el monto representó el mayor acuerdo registrado en un caso basado en la figura legal de «conversión», que describe la apropiación indebida de propiedad ajena. Un peritaje presentado en el proceso estimó que los daños potenciales pudieron haber superado los 1.000 millones de dólares.
Google negó haber actuado de manera indebida al aceptar el acuerdo. No obstante, se comprometió a modificar aspectos de Android relacionados con la recolección de datos, incluyendo la obligación de solicitar consentimiento durante la configuración inicial del dispositivo, facilitar controles para detener transferencias y mejorar las divulgaciones sobre estas prácticas en los términos de Google Play.
La cobertura del acuerdo incluyó a usuarios de dispositivos Android desde el 12 de noviembre de 2017. El litigio comenzó en noviembre de 2020 y el juicio estaba programado para agosto de 2026, por lo que el arreglo evitó que el caso llegara a esa instancia.
Cambios operativos y próximos pasos judiciales
Además de las compensaciones económicas, el acuerdo exigió ajustes operativos permanentes. Entre ellos, la incorporación de opciones más visibles para desactivar transferencias y la presentación de información más clara sobre el uso de datos móviles del sistema.
El juez deberá revisar y aprobar el acuerdo preliminar, así como definir plazos, métodos de pago y eventuales honorarios legales, que podrían alcanzar hasta 39,8 millones de dólares, equivalentes al 29,5 % del fondo total. Hasta que se emita esa decisión, los términos no quedarán firmes y los pagos no se efectuarán.
