Chile y las entidades gubernamentales a cargo de los servicios de telecomunicaciones, nunca ha tenido un sistema de medición o test de velocidad de Internet. Por lo mismo, en cualquier caso que una empresa proveedora fallaba, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) únicamente emitía un oficio para recabar antecedentes entregadas por la empresa afectada.
Y después de mucho tiempo, finalmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subtel, anunció que ya están disponibles las bases para la licitación del Organismo Técnico Independiente (OTI). Departamento que realizará mediciones periódicas de la velocidad que están recibiendo los usuarios de Internet, en el marco de las disposiciones de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada.
La aplicación de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada también incluye la creación de una aplicación o herramienta que permita que los propios usuarios puedan realizar mediciones de su velocidad, verificando que están recibiendo el servicio contratado en las condiciones pactadas.
Con esta herramienta validada por la Subtel, un usuario podría utilizar los datos que arroje para reclamar a la compañía en cuestión y ante la propia cartera gubernamental. Finalmente, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, destacó que «este es un paso significativo para los derechos digitales de todos los usuarios del país».
Cabe destacar que la implementación del OTI, y este eventual test de velocidad de Internet, se intentó realizar en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, pero no tuvo interés en su proceso de licitación. Las actuales autoridades relanzan este proceso con cambios en la documentación detallando puntos sobre el presupuesto asignado.
Pese a la creencia popular, las compañías de telecomunicaciones están interesadas en que exista esta herramienta. Los beneficios se traducen en dar un mejor servicio y generar mayor competencia. Además de formar transparencia con el servicio prometido y recibido, entre las propias empresas y los usuarios finales. Donde se pueda certificar no sólo que la velocidad corresponda a la contratada, sino también descartar falencias locales, no propias del proveedor, que pueden mermar la calidad de Internet.