Ecuador ha anunciado su decisión de conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por considerar que si es extraditado no tendría un juicio justo y podría ser víctima de un trato cruel o degradante.
La respuesta la ha dado a conocer el ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa en la que ha explicado que, tras una exhaustiva evaluación, han concluido que los argumentos expuestos dan sustento a los temores de Assange.
Ecuador respalda de esta manera la tesis de Assange, quien asegura que es víctima de una persecución en varios países por publicar la verdad y con ello desenmascarar las violaciones a los Derechos Humanos, por tanto, llegaron a la conclusión de que se encuentra en una situación de «peligro inminente» (SIC).
Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el pasado 19 de junio. Las autoridades suecas han pedido a Reino Unido su extradición para que se enfrente a varios cargos por abuso sexual contra dos mujeres, versión que rechaza el acusado que ha denunciado represalias por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán y del Departamento de Estado.
En su exposición de motivos, Patiño ha alertado de que en el caso de Assange existen serios indicios de represalias, además existe la certeza de que es factible la extradición a un tercer país fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Estados Unidos.
«La evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a Estados Unidos, (Assange) no tendría un juicio justo y podría ser juzgado por tribunales sin competencia en el caso, pero además podría ser víctima de un trato cruel o degradante y condenado a cadena perpetua o la pena de muerte», indica el comunicado de prensa emitido.
Ecuador justifica su decisión alegando que Assange es víctima de una persecución política por su defensa de la libertad de expresión y que su vida corre peligro, así como su seguridad e integridad personal.
Sin respaldo
Patiño ha dejado claro que Assange debe responder por la investigación abierta en Suecia, sin embargo, denuncia que ese país ha tenido una actitud contradictoria con respecto a la defensa que se le debería proporcionar al acusado y otros asuntos relacionados con el proceso judicial.
Así, el ministro ha revelado que durante el análisis de la solicitud de asilo, las autoridades ecuatorianas sostuvieron conversaciones de alto nivel con representantes de los gobiernos de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
Con las autoridades británicas consultaron las garantías que podían ofrecer para evitar que el fundador de Wikileaks fuese extraditado a un tercer país pero, según indican, el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer llegar a un acuerdo.
En las conversaciones con los representantes suecos se les preguntó si estaban dispuestos a garantizar la no extradición de Assange a Estados Unidos, pero Estocolmo rechazó cualquier compromiso en ese sentido.
Además, Ecuador pidió a las autoridades suecas que tomasen declaración de Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, pero Suecia no aceptó.
Patiño ha desvelado que también enviaron un comunicado a Washington en el que preguntaban si existe un proceso legal en curso contra Assange y Wikileaks y, en caso de ser cierto, que explicaran los fundamentos legales del mismo, pero la respuesta de Estados Unidos es que no pueden ofrecer información al respecto alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y Reino Unido.
Londres se resiste a ofrecer un salvoconducto
La decisión de conceder asilo ha sido trasladada a través de una nota oficial a las autoridades británicas al mismo tiempo que se hacía del conocimiento público en la rueda de prensa, por ese motivo Patiño no ha querido pronunciarse sobre la información emitida por Londres de que se negaría a conceder un salvoconducto a Assange en caso de que le dieran refugio en Ecuador.
Patiño ha enfatizado que los argumentos de Quito están fundamentados en todo un conjunto de principios previstos en los instrumentos internacionales que avalan el hecho de que una persona puede recibir asilo cuando hay indicios de que puede haber persecución política.
Por tanto, el Gobierno de Rafael Correa confía en que Reino Unido sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana y ofrecerá las garantías o el salvoconducto necesarios para que se pueda cumplir esta resolución a favor del fundador de Wikileaks.
Los diplomáticos ecuatorianos indicaron que, actualmente, su país alberga a 56 000 refugiados, la mayoría colombianos, y esto nunca ha significado la posibilidad de romper relaciones con un país amigo por tratarse de una decisión soberana protegida por el derecho internacional.
«No tiene ningún sentido suponer que esto implique un rompimiento de relaciones», destacó Patiño.
El político agregó que se que tomarán las medidas pertinentes una vez que conozcan la respuesta oficial de Londres, aunque ha explicado que en caso de que se produzca una negativa se podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
