Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga, o simplemente “Alianza”, es una agrupación de compañías relacionadas al mundo de la televisión satelital de pago. Esta prentende hacer un llamado para generar una normativa que combata la comercialización de dispositivos para la recepción de señales de televisión de pago, sin contrato con alguna compañía.
Entre las empresas que conforman esta agrupación latinoamericana se encuentran DIRECTV PanAmericana, TELEFONICA, Claro (Chile, Colombia Ecuador y Perú), SKY Brasil, VTR, HBO Latin America Group, FOX International Channels Latin America, TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA, DISCOVERY, ESPN, TELEVISA, GLOBOSAT, TELECINE, Win Sports, ABTA, Media Networks Latin America y NAGRA.
En términos legales, Alianza plantea que es necesario que se haga respetar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos en 2004, que señala la obligatoriedad de los países miembros de sancionar la comercialización de dispositivos habilitados para cometer actos “ilegales” en contra de la propiedad intelectual o de los derechos de transmisión de contenido. Esto entre otras medidas legales que apunten al mismo fin.
Entre abril y septiembre del año pasado, 55.411 clientes de TV paga dejaron sus compañías. La principal causa se asocia a la piratería por des-encriptación de señales satelitales, las que se realizaron a través de tarjetas emuladas presentes en decodificadores Free to Air (FTA).
Por esta razón, en octubre pasado se realizó un apagón satelital que permitió combatir la baja de clientes -y la evidente pérdida de dinero para estas empresas- a través de una actualización de la tecnología de cifrado, lo que dejó inservibles a los dispositivos de compra fuera de compañías establecidas. Tras esta acción masiva, la industria logró 83.635 nuevos clientes sólo entre octubre y diciembre de 2012. No obstante, igualmente cerró con números negativos.
Alianza monitorea Web y foros dedicados al aleccionamiento de uso de los decodificadores FTA –a través de software- además de la capacitación a instituciones públicas, policiales y funcionarias de aduanas sobre la internación de estos productos, que muchas veces entran al país como consolas de juegos, o de forma asociada a importaciones de dongles (USB).