La demografía de la Internet está cambiando rápidamente. Las proyecciones actuales indican que la cantidad de usuarios de Internet se duplicará en 2020 a cuatro mil millones en todo el mundo, con grandes poblaciones de usuarios ubicados en China, India y África.
Si pensamos en lo anterior y a ello le sumamos un paisaje en evolución constante en lo que se refiere a amenazas cibernéticas, no es descabellado pensar que los gobiernos de todo el mundo deberían ir pensando, desde ya, en comprender el impacto de las decisiones que toman hoy en dicha materia.
El último Microsoft Security Intelligence Report (SIR) señala que los países con las tasas más bajas de infección de malware fueron los que han firmados tratados internacionales tales como el Council of Europe Cybercrime (CoE), o aquellos que aplican códigos voluntarios de conducta, por ejemplo, el Plan de Acción de Londres (LAP).
Si bien la adhesión a este tipo de tratados no reduce por sí sola el riesgo de cibercirmen, hay pasos que los países que los validan suelen tomar para reducir el riesgo.
Estos pasos incluyen tener una política que regule los delitos informáticos, o el establecimiento de métodos de cooperación internacional que hacer comprender mejor el cambiante panorama de amenazas.
El nivel de vida es un factor determinante
Algunos datos arrojados por Microsoft describen situaciones interesantes en el tema de cibercrimen. Por ejemplo, los países con los riesgos más bajos de crimen en Internet, en promedio, son los que cuentan con más computadoras personales per cápita, mayor gasto en salud per cápita, un régimen estable y una mayor penetración de banda ancha.
Al contrario, representantes de la compañía aseguran que las regiones o países con los más altos niveles de riesgo cibernético poseen bajas tasas de alfabetización, menor velocidad de banda ancha y altos índices de criminalidad per cápita. En promedio, estos países o regiones tenían tres veces más malware que los países con mayor rendimiento, una tasa de piratería promedio de 68% y menos del 10% de estos países han firmado tratados internacionales o códigos de conducta sobre el delito cibernético.
