El proyecto de ley «Acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones», tras obtener un amplio respaldo transversal, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y está listo para su promulgación por el presidente Gabriel Boric. Este paso es parte del Plan Brecha Digital Cero de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y tiene como objetivo ampliar la obligación de las empresas de ofrecer servicios de conectividad digital en todas las áreas de cobertura y fortalecer las capacidades de fiscalización de la Subtel.
Ampliación del acceso y fiscalización
Con la aprobación de esta ley, impulsada inicialmente durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, se permite una fiscalización del servicio de Internet comparable a la que se aplica a la telefonía móvil. Asimismo, se implementarán herramientas destinadas a reducir la brecha digital. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley, destacando la necesidad de acceso universal a Internet revelada durante la pandemia y sus efectos en la inclusión digital.
Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, enfatizó que la ley representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos en un contexto cada vez más digitalizado. «Cuando este proyecto sea promulgado y se aprueben todos los reglamentos respectivos, las familias de nuestro país recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios», afirmó Araya. Al ser un servicio público también se aborda la eliminación de las denominadas ‘zonas rojas’, permitiendo una mayor cobertura de servicio en el territorio nacional.
Servicio público: eliminación de barreras y subsidios
La nueva legislación refuerza la obligación de las empresas de telecomunicaciones de prestar servicios en todos los lugares donde exista cobertura, eliminando las restricciones previas que limitaban la expansión a ciertas zonas. Además, la Subsecretaría de Telecomunicaciones verá fortalecida su función fiscalizadora, lo que conllevará un aumento en las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios.
La ley también facilitará la creación de mecanismos de subsidio a la demanda para ayudar a las familias a costear los planes de Internet hogar. Y esto no significa que los precios bajen, porque eso es parte del negocio de las empresas (y no le incumbe al Estado), ni tampoco que te darán Internet gratis por ser un ‘servicio público’.
