Algo histórico ocurrió en México. Específicamente en el Estado de Veracruz, donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que ningún funcionario público, incluyéndose a los políticos, debería bloquearte en Twitter si es que tienen una cuenta.
En otras palabras, no están facultados para excluirte en la plataforma social, tanto a los ciudadanos como a los comunicadores. Esto último porque todo el alegato nace a raíz de un amparo solicitado por el periodista mexicano Miguel Ángel León contra Jorge Winckler, Fiscal General del Estado de Veracruz.
Una red social es una vía de comunicación
Para la segunda sala no existieron razones suficientes para considerar que la cuenta de Twitter de Jorge Winckler sea calificada como «privada». Mucho menos que la información publicada sea de carácter «reservado».
Esto porque entiende que un perfil en esta plataforma social es una vía de comunicación entre quienes ejecutan un cargo público y los ciudadanos (sin importar su profesión).
Frente a esta situación, Winckler tuvo que desbloquear al periodista León por orden judicial.
¿Quién es un funcionario público?
Si bien en México la situación se refirió genéricamente a todos los funcionarios públicos, en distintos países puede variar quienes entran en esta categoría.
En Chile, por ejemplo, un funcionario público es cualquier persona que se desempeña dentro de la Administración del Estado. Es más, según la Contraloría General, incluye a todos los funcionarios que se desempeñan en algún órgano del Estado.
Esto sumando a los funcionarios del Poder Judicial y del Congreso Nacional.
