Uber aprobó conductores con condenas por delitos violentos, como agresión o abuso infantil, en varios estados de Estados Unidos, según una investigación del New York Times. El informe mostró que los controles de antecedentes de la plataforma presentaron vacíos que permitieron a personas con historiales criminales trabajar como choferes, mientras se mantenían cifras preocupantes de denuncias por agresión sexual.
En al menos 22 estados, el sistema de revisión de antecedentes de Uber permitió la aprobación de aspirantes con condenas graves si los delitos ocurrieron hace más de siete años. Entre los casos detectados figuran sentencias por acoso, agresión y maltrato infantil. La compañía solo rechaza de forma automática a quienes fueron condenados por asesinato, secuestro, violación o terrorismo. Además, en 35 estados, los controles se limitaron a revisar registros del lugar de residencia del solicitante durante los últimos años, lo que dejó fuera antecedentes cometidos en otras jurisdicciones.
Falencias en los controles de seguridad de Uber
En 2017, las autoridades de Massachusetts realizaron una auditoría estatal que llevó a desactivar más de 8.000 cuentas de conductores previamente aprobados, cerca del 11% del total. Muchos de ellos habían superado los filtros internos de la aplicación, lo que evidenció inconsistencias en los criterios de evaluación. En contraste, Lyft mantiene una política que impide aceptar choferes con antecedentes por delitos violentos sin importar el tiempo transcurrido.
El informe también recogió correos internos de la empresa en los que directivos reconocieron que las verificaciones constituían «el mínimo indispensable». En 2015, ejecutivos de Uber discutieron estrategias para desviar la atención pública sobre los controles de antecedentes hacia otras iniciativas de seguridad menos costosas y más rápidas de implementar.
Entre 2017 y 2022, la compañía registró en Estados Unidos un reporte de agresión sexual o conducta inapropiada cada ocho minutos, de acuerdo con sus propios datos. Uber indicó que el 75% de esos casos correspondía a incidentes que clasificó como «menos graves», aunque reconoció que una denuncia por abuso o acoso sexual se presentó, en promedio, cada 32 minutos.
En algunos de los casos más severos documentados, conductores con condenas previas por delitos violentos fueron posteriormente acusados o condenados por violación. Dos de esos hechos ocurrieron en California, donde la legislación prohíbe de manera permanente que personas con ese tipo de antecedentes trabajen en servicios de transporte bajo demanda.
